Patrimonio en el Congreso Nacional
Por Facundo de Almeida *
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires vivió en el último lustro un proceso que llevó las cuestiones vinculadas al patrimonio arquitectónico desde una insignificancia casi absoluta –la ley de patrimonio cultural sólo se había utilizado para “proteger” a Mafalda y Clemente, y las catalogaciones se podían contar con los dedos de una mano en todo un año legislativo– hasta una presencia cualitativa y cuantitava más que relevante.
En ese período se produjo –con matices– un cambio copernicano en la forma de proteger, invirtiéndose la carga de la prueba en favor de la preservación. Se votaron por cientos leyes de catalogación individuales y masivas –como la de los petit hoteles–, se bajaron alturas en barrios enteros, se creó la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, y la cuestión patrimonial pasó a ser tema de todos los días en las comisiones y en el recinto. Todo eso catalizado por una movilización vecinal sostenida y sofisticada como casi ninguna otra cuestión pública ha suscitado en los últimos años.
Ese proceso, con sus tiempos y diferencias –sobre todo una mayor distancia de los ciudadanos de la cotidianidad de sus representantes– se está trasladando de a poco al Congreso de la Nación.
La senadora nacional Liliana Fellner y el diputado nacional Horacio Piemonte presentaron sendos proyectos de reforma de la vetusta ley 12.665, y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados incorporó en su temario habitual leyes y pedidos de informes referidos a la preservación patrimonial. Entre otro proyectos de ley, logró un amplio acuerdo la iniciativa destinada a expropiar y revitalizar la Confitería Del Molino.
Sólo en la última reunión de la Comisión de Cultura se trataron varios temas referidos al patrimonio: las declaraciones como monumento y lugar histórico nacional del Sepulcro y las Ruinas de los Ranchos de La Pasto Verde, en la provincia del Neuquén, y del Complejo Social Educativo Escuela Hogar Evita de la provincia de Buenos Aires; un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación del Jardín Zoológico de Buenos Aires y otro sobre la situación del Museo de Arte Oriental, sin sede desde hace años a pesar de que desde el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de la Nación se insista con una vieja y desactualizada información, indicando que será instalado en el edificio que hoy ocupa la Casa del Bicentenario.
Otro proyecto importante fue el de autoría de la diputada Mirta Comelli, que le pide informes al Poder Ejecutivo sobre la implementación de la ley 25.197, que obliga a la creación del registro de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Argentino.
Las preguntas son concretas y urgentes. La diputada quiere saber si se tiene conocimiento fehaciente acerca del universo total de bienes que constituyen el Patrimonio Cultural Argentino; si se conoce su estado de conservación y valoración económica total; cuál es el estado actual de ordenamiento de los datos referidos a los bienes culturales de la Nación; cuáles son los decretos y/o resoluciones del Poder Ejecutivo que han reglamentado la ley 25.197 y cuál es su nivel de implementación.
La urgencia, expresa la autora del proyecto, radica en que el “25 de septiembre de 2008 se presentó una iniciativa similar y a más de dos años de que la misma tome estado parlamentario aún no se posee conocimiento respecto del estado de implementación y reglamentación de la ley 25.197, en relación con los puntos de la parte dispositiva”.
Es preciso destacar que esa ley se aprobó en 1999, y tiene por objeto centralizar toda la información y los datos relevantes de los bienes culturales en un Registro Nacional de Bienes Culturales en el marco de un sistema de protección colectiva del patrimonio nacional.
La diputada recuerda que la norma, en su artículo 11, establece que “la reglamentación debía realizarse dentro de los 120 días de su promulgación”, y si tenemos en cuenta que fue sancionada hace 12 años, queda justificada la preocupación de la legisladora.
El debate patrimonial cada vez más inunda la agenda política, y poco a poco va dejando de ser una problemática exclusivamente local –como bien han comprendido por estos días las autoridades de Goya, Córdoba y Mar del Plata– para inscribirse en un debate nacional.
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(El destacado nos pertenece)
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