México

Construcción de un país sin memoria

María Marván Laborde [1]

Desde que en 2002 se aprobó la primera Ley de Transparencia nos enfrentamos a una debilidad estructural, el manejo de los archivos de la administración pública se ha deteriorado continuamente en las últimas décadas. 

Las razones son muchas: la falta de profesionalismo en la gestión documental, el anquilosamiento de las normas que restringen las definiciones documentales al papel; burocracias paralizadas frente a los retos de la migración tecnológica que ignoraron la importancia de los documentos electrónicos; grave menosprecio por los archivos que están convertidos en bodegas sucias y desordenadas. No es exageración decir que en el cuarto del archivo se arrumban hasta los adornos navideños.

Por lustros hemos discutido la necesidad de modernizar el marco normativo. Aparentemente se partía del acuerdo de fortalecer al Archivo General de la Nación para que pudiera garantizar de manera efectiva la conservación de la memoria histórica, parte esencial de nuestro patrimonio.

Al aprobarse la reforma constitucional en materia de transparencia (febrero de 2014) los legisladores estaban obligados a aprobar la Ley General de Archivos. Con enorme retraso la secretaría presentó un proyecto muy cuestionable. El lunes pasado se hicieron comparecencias en el Senado, la sociedad civil ha advertido de muchos y graves problemas.

El proyecto propone debilitar al Archivo General de la Nación. En términos jurídicos, el proyecto disminuye la autonomía del AGN con respecto a la Secretaría de Gobernación; en términos económicos, el presupuesto de 2017 lo castiga severamente al punto de poner en riesgo su operación.

Se propicia con esto un peligroso círculo vicioso, se restringen los recursos económicos para la labor de organización, valoración y depuración archivística y, al mismo tiempo, se establece en el transitorio décimo cuarto, por cierto pésimamente mal redactado, limitar el acceso a archivos que no estén previamente depurados. No es difícil darse cuenta de que dos más dos suman cuatro. La ley propiciará una virtual parálisis a la consulta de los archivos, será imposible escribir la historia de este país porque la ley que debería preservar las fuentes acabará por destruirlas o inutilizarlas. Los archivos no depurados en dos años podrán destruirse.

Se propone la balcanización de los archivos históricos, el proyecto de ley transfiere a cada dependencia o entidad la responsabilidad de su propio archivo histórico sin garantizarles recursos económicos y humanos. Un grupo, que la ley menciona como interdisciplinario, que en realidad es interdepartamental o “pluriburocrático”, estará a cargo de la administración de los archivos. El problema es de fondo, se reduce la labor archivística a un problema administrativo y se niega de facto la importancia de los historiadores y profesionales de la gestión y valoración documental.

No conformes con este obtuso diseño, la ley entrega el control político de la política archivística del país a la Secretaría de Gobernación. Este sexenio será conocido, para bien y para mal, como la época dorada de los sistemas nacionales. En materia de archivos no podía faltar el propio. Encabeza este sistema el Consejo Nacional de Archivos que queda en manos de esta secretaría y está diseñado con criterios políticos y no técnicos.

Nada más preocupante que una mala comprensión de la normatividad de protección de datos personales. La protección a la privacidad no puede convertirse en pretexto de censura. La ley parece hecha para el revisionismo histórico y el acomodo de la “verdad” a los caprichos de la Secretaría de Gobernación.

Los personajes que a través de un documento arriban a un archivo histórico deben tener un tratamiento completamente distinto que el planteado en las leyes de protección de datos personales. Una cosa es proteger la irresponsable circulación de bases de datos en internet y otra muy distinta anonimizar la historia. En la historia se registran personas con nombres, apellidos y circunstancias, si esto no es accesible al público, estamos expulsándolos de la memoria colectiva. Censurar la historia sólo es propio de gobiernos autoritarios.

01 de Diciembre de 2016

Twitter:@MarvanMaria

El destacado en negrita nos pertenece.

[1] María Marván Laborde, politóloga y socióloga mexicana, electa el 15 de diciembre de 2011 consejera del Instituto Federal Electoral, tras haber sido comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos desde 2002.

Marván Laborde es licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad nacional Autónoma de México, con estudios de maestría por la misma facultad, completo sus estudios de maestría en la The New School for Social Research en Nueva York y obtuvo su doctorado por la misma institución.

En su carrera académica ha sido asistente de investigación de Arnaldo Córdova y de Pablo González Casanova en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y en The New School for Social Research, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del ITAM.

En el sector público fue secretaría técnica del grupo parlamentario del PAN en Jalisco de 1998 a 1999, consejera local del IFE en la misma entidad de 1999 a 2003, consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres de 2001 a 2002 y consejera de transparencia en Jalisco de la SEMARNAT de 2001 a 2002, fue después designada comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Autora de diversas publicaciones y colaboradora de diversas publicaciones, es miembro del sistema nacional de investigadores del Conacyt con licencia.

Fuentes: Mundo Archivístico.com. Boletín Semanal Nº 242, 7/12/2016

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/interiores/Perfil_Consejero_Electoral-id-a9003c3238996310VgnVCM1000000c68000aRCRD/