La destrucción de archivos

LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS: UNA TRAGEDIA  SILENCIADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS

 Por Josefa Izquierdo Alberca

(Fragmentos)

La destrucción deliberada de los documentos y los archivos es una práctica habitual en las situaciones de conflicto, pero pasa desapercibida frente a la fuerza de las imágenes de la destrucción de monumentos y edificios. A pesar de la normativa jurídica vigente, la comunidad internacional debe prestar más atención a la protección de los archivos como centros custodios esenciales para la seguridad humana y la salvaguarda de la memoria individual y colectiva.

La seguridad de los archivos y los documentos 

La documentación nacional y personal que custodian los archivos también corre el riesgo de destrucción, incautación o saqueo y su seguridad y necesaria protección no pueden quedar al margen de estas recomendaciones y acciones. Destruir los documentos que guardan los archivos es ir más allá que un simple atentado contra la memoria cultural. Se trata de destruir la memoria institucional y personal. La damnatio memoriae [1] documental obedece a una voluntad expresa de reducir a la nada lo que antes fue un testimonio documental con graves consecuencias legales y de protección de derechos y que ha venido acompañando a la casi totalidad de guerras y conflictos. Implica una voluntad aniquiladora para eliminar el valor de prueba que pueden suponer los documentos, registros, escrituras o cartas. Y esto es así, porque en los archivos se recoge y custodia la actividad administrativa, judicial, económica, pero también la personal y privada, de una sociedad y un Estado [2].

Acciones y normativa internacional para la protección de los archivos 

Los archivos están protegidos por la Convención de La Haya [3], que declaró en 1954 la necesidad de proteger los bienes culturales en las guerras. En su artículo 7 se exhorta a los países firmantes a cumplir su compromiso en “inculcar en el personal de sus fuerzas armadas un espíritu de respeto a la cultura y a los bienes culturales de todos los pueblos” y determina el símbolo del escudo azul como identificador de los lugares culturales.

Pero hasta 1966 no se constituye el Comité Internacional del Escudo Azul (ICBS por sus siglas en inglés) y que integra a las cuatro organizaciones internacionales interesadas en la preservación y conservación del patrimonio cultural con el objetivo de asesorar en la protección de los bienes culturales en casos de conflicto [4]: el Consejo Internacional de Archivos, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, el Consejo Internacional de Museos y el Consejo Internacional de Monumentos y Yacimientos [5]. 

La UNESCO inició su participación en la protección del patrimonio documental en 1993 con la creación del programa Memory of the World e inició una serie de informes sobre los países que habían sufrido pérdidas en sus archivos, sobre todo, por acciones violentas. En estos informes se ofrecen datos del saqueo, dispersión, comercio ilícito, destrucción, así como el almacenamiento y la financiación inadecuados que han contribuido a que gran parte del patrimonio documental haya desaparecido para siempre y otra parte importante está en peligro.

En 1999 se firma el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado [6], elaborado en colaboración con la Unesco. Recoge en este documento la creciente importancia que la comunidad internacional atribuye a los bienes culturales e incorpora una referencia explícita a la responsabilidad de los Estados, la nueva definición de la excepción de la "necesidad militar imperativa" y refuerza y detalla el concepto de protección reforzada para algunos elementos [7].

Conclusiones 

Los principales agentes en la destrucción de los archivos continúan siendo los actos de terrorismo, las campañas de limpieza étnica y la guerra. Los conflictos de las últimas décadas en Liberia, Burundi, Ruanda, la ex Yugoslavia, Afganistán, Irak, Mali o Siria han atestado un duro golpe al patrimonio histórico y cultural de los Estados. Durante la guerra de Irak se destruyó el Archivo Nacional de Irak y con él desaparecieron millones de documentos desde el periodo otomano, pero también pereció parte de su patrimonio histórico con la destrucción del Museo Nacional ante la inacción de las tropas norteamericanas (y así lo narró en sus crónicas el periodista Robert Fisk) [8].

Los documentos que se conservan constituyen un fundamento, puesto que solo la aportación de documentos originales, auténticos y fiables puede garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos y hasta “dotar de contenido a un concepto tan manoseado como el de memoria histórica, entendido como una recuperación del pasado en base a estudios científicos y con voluntad ejemplarizante” [9]. Los archivos y la conservación de sus documentos influyen decisivamente en la vida de las personas y de los países. La evidencia de esta responsabilidad se puede agrupar en tres grandes grupos de archivos:

Los archivos que, como en los países ex comunistas de la Europa central y del Este, han facilitado la producción de una “cosecha historiográfica sin precedentes” [10]; aquellos otros que sirven a colectivos sociales y, finalmente, los que se constituyen como el único medio reconocido para el reconocimiento de derechos y compensación a las víctimas.

Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria, conservan un patrimonio único e irremplazable que se trasmite de generación en generación y desempeñan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad contribuyendo a la constitución, a la seguridad humana y a la salvaguarda de la memoria individual y colectiva [11]. Merecen, por lo tanto, el apoyo en su adecuada conservación y la denuncia de su abandono, destrucción o expolio.

NOTAS:

[1] Se conoce con esta expresión latina a la práctica de borrar el recuerdo de los enemigos del Estado que dictaba el Senado de la antigua Roma. 

[2] NAVARRO, Diego,”Tiempos de memoria, contextos de archivo”, BID, 28, 2012 disponible en http://bid.ub.edu/28 /navarro2.htm

[3] http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

[4] http://www.ancbs.org/cms/en/about-us/about-icbs

[5] ICA, IFLA, ICOM y ICOMOS respectivamente.

[6] http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

[7] MAINETTI, Vittorio ,”Nuevas perspectivas para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado: entrada en vigor del segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954”, Revista internacional de la Cruz Roja, 2004, disponible en
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/64ch3v.htm
[8] Cruces Blanco, La Guerra Civil y los archivos en la provincia de Málaga: la destrucción de los símbolos, en Junta de Andalucía, abril de 2006, disponible en
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/ahpmalag a/documentos/pdf/TXT_-_HIST_-_20061219_-_Axos_convulsos._ECB.pdf). Pág. 58
[9] GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio, Actualización y ampliación del informe elaborado para Unesco y Consejo Internacional de Archivos sobre gestión de los archivos de los servicios de seguridad de los desaparecidos regímenes represivos, Paris, Consejo Internacional de Archivos, 2008. Disponible en www.ica.org.
[10] GONZÁLEZ QUINTANA, op.cit., 36
[11] Declaración Universal de los Archivos, en
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213423s.pdf

El destacado en negrita nos pertenece.

Fuente: La destrucción de documentos y archivos: una tragedia silenciada para seguridad de los Estados, Josefa Izquierdo Alberca, Documento de Análisis, 27/2015 (Publicado 15 de mayo de 2015).