El Archivo General de la Nación, eje de una controversia Foto: LA NACION / Archivo
Es necesaria una gestión con autonomía
José Carlos Chiaramonte
José Carlos Chiaramonte
Para LA NACION
Martes 18 de agosto de 2009
En 1990 un diagnóstico realizado por una funcionaria de la Biblioteca del Congreso de Washington, a raíz de una solicitud de la Fundación Antorchas, había sido lapidario sobre el crítico estado del contenido del Archivo General de la Nación, así como del edificio. Pese a su difusión, los sucesivos gobiernos siguieron mostrando la mayor desaprensión por la suerte del principal repositorio de documentos de la historia del país.
En 2006 un grupo de historiadores publicamos en LA NACION una protesta por el penoso estado del Archivo General. La respuesta del entonces ministro del Interior fue convocarnos para pedirnos colaboración para mejorar el estado del organismo y proponer un nombre para su dirección.
Los presentes en su despacho aceptamos colaborar en el Archivo General, con la condición de que se le diera autonomía para que su director no dependiera de los ministros de turno. Aceptado esto, se convino en diseñar los concursos de los principales cargos y comenzar un programa para digitalizar los documentos y atender a urgentes reparaciones del edificio, para el que un decreto presidencial destinó $ 21 millones.
La propuesta del historiador José Luis Moreno, ex rector de la Universidad de Luján, profesor consulto de la UBA e investigador principal del Conicet, fue aceptada a mediados de 2007. Durante los primeros meses tuvo los obstáculos propios de una maraña burocrática difícil de desenredar. Sin embargo, pudo ir avanzando en una serie de problemas funcionales y mejorar técnicamente el proyecto de digitalización.
Pero las solicitudes de recursos para atender a las necesidades elementales del Archivo comenzaron a generar molestia, su reordenamiento institucional no interesaba y los fondos para la digitalización no aparecían. Por último, el Ministerio del Interior intentó usar $ 6 millones para un proyecto no contemplado en el decreto de la Presidenta y técnicamente deficiente. La negativa del director del Archivo parece haber sellado su suerte y el pedido de renuncia no se hizo esperar.
El Ministerio del Interior ha despreciado el criterio de los historiadores y científicos sociales que respaldaban la gestión del profesor Moreno. Probablemente se aspire a que un dócil reemplazante pueda permitir decidir sin trabas la aplicación de los $ 21 millones y, eventualmente, de los US$ 15 millones que se proyectaba gestionar ante el BID.
Es de confiar en que la movilización de usuarios del Archivo General de la Nación, con una declaración que excede las 400 firmas, sea un medio de control. Y que en el Congreso de la Nación haya parlamentarios capaces de advertir la triste desmentida que el estado del Archivo General significa para la retórica sobre el Bicentenario.
En 2006 un grupo de historiadores publicamos en LA NACION una protesta por el penoso estado del Archivo General. La respuesta del entonces ministro del Interior fue convocarnos para pedirnos colaboración para mejorar el estado del organismo y proponer un nombre para su dirección.
Los presentes en su despacho aceptamos colaborar en el Archivo General, con la condición de que se le diera autonomía para que su director no dependiera de los ministros de turno. Aceptado esto, se convino en diseñar los concursos de los principales cargos y comenzar un programa para digitalizar los documentos y atender a urgentes reparaciones del edificio, para el que un decreto presidencial destinó $ 21 millones.
La propuesta del historiador José Luis Moreno, ex rector de la Universidad de Luján, profesor consulto de la UBA e investigador principal del Conicet, fue aceptada a mediados de 2007. Durante los primeros meses tuvo los obstáculos propios de una maraña burocrática difícil de desenredar. Sin embargo, pudo ir avanzando en una serie de problemas funcionales y mejorar técnicamente el proyecto de digitalización.
Pero las solicitudes de recursos para atender a las necesidades elementales del Archivo comenzaron a generar molestia, su reordenamiento institucional no interesaba y los fondos para la digitalización no aparecían. Por último, el Ministerio del Interior intentó usar $ 6 millones para un proyecto no contemplado en el decreto de la Presidenta y técnicamente deficiente. La negativa del director del Archivo parece haber sellado su suerte y el pedido de renuncia no se hizo esperar.
El Ministerio del Interior ha despreciado el criterio de los historiadores y científicos sociales que respaldaban la gestión del profesor Moreno. Probablemente se aspire a que un dócil reemplazante pueda permitir decidir sin trabas la aplicación de los $ 21 millones y, eventualmente, de los US$ 15 millones que se proyectaba gestionar ante el BID.
Es de confiar en que la movilización de usuarios del Archivo General de la Nación, con una declaración que excede las 400 firmas, sea un medio de control. Y que en el Congreso de la Nación haya parlamentarios capaces de advertir la triste desmentida que el estado del Archivo General significa para la retórica sobre el Bicentenario.
El autor es director del Instituto Ravignani de la UBA
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1163636
Fuente: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1163636
No hay comentarios:
Publicar un comentario